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UGT-UPM |
Sobre el buen arte de negociar
Comunicado 5-2026
El deber de negociar entre la Administración y la representación de las personas trabajadoras constituye un principio esencial en el ámbito de las relaciones laborales y del empleo público. Este deber implica que, ante materias que afecten a las condiciones de trabajo —como la organización del trabajo, la jornada, los horarios, las retribuciones, la carrera profesional o la prevención de riesgos laborales—, la Administración debe abrir un proceso de diálogo estructurado con los sindicatos o representantes legitimados. No se trata únicamente de un acto de cortesía institucional, sino de una obligación jurídica que busca garantizar la participación efectiva del personal en la definición de sus propias condiciones laborales y reforzar la transparencia y la legitimidad de las decisiones públicas.
No cualquier proceso de negociación cumple con el estándar exigible. Solo lo hacen aquellos procedimientos presididos por el principio de buena fe, con información suficiente, en tiempos razonables y evitando actuaciones dilatorias o meramente formales. Obviamente, ese proceso no tiene que concluir siempre con un acuerdo, pues la Administración conserva la potestad decisoria final en muchas materias. No obstante, el Rector y su equipo deben escuchar, valorar y, en la medida de lo posible, incorporar las propuestas planteadas por la representación de las personas empleadas públicas.
Lamentablemente, este equipo se caracteriza desde hace tiempo por entablar falsas negociaciones que tratan de maquillar su rodillo en la organización de la plantilla de la UPM, sin transparencia con la comunidad universitaria y, sobre todo, sin un verdadero proceso de negociación con los representantes de la plantilla. Sentarse esperando que el tiempo pase, sin un verdadero ánimo de alcanzar un acuerdo, nunca constituye un proceso de negociación.
La práctica del equipo de gobierno es anómala. El mejor capital de la UPM es su plantilla, que, motivada y bien cuidada, podría lograr mayores éxitos de los que ya consigue. No obstante, ese desprecio al procedimiento no sería posible sin el silencio cómplice de muchos miembros del Consejo de Gobierno que, en demasiadas ocasiones —con algunas honrosas excepciones—, convalidan decisiones sin el análisis crítico y el debate riguroso que exige su papel estatutario.
No olvidemos que la base de la democracia es el respeto a los procedimientos reglados, como fórmula para garantizar que las mayorías no invisibilicen ni anulen a las minorías. Por ello, es imprescindible que las consejeras y los consejeros del gobierno universitario tomen conciencia de la relevancia de su función. No se trata de oponerse sistemáticamente, sino de exigir que cada decisión cumpla con los procedimientos previstos, que exista información suficiente, que la negociación sea real y que las reglas que protegen la participación de la comunidad universitaria no se conviertan en un mero trámite. Ceder ante quien gobierna, dejar hacer y no vigilar la actuación del Rector y de su equipo de Gobierno —como exigen nuestros Estatutos— es un ejemplo de desprecio por el procedimiento impuesto por la ley. Una decisión adoptada vulnerando el procedimiento nunca debería ser legitimada por el órgano colegiado.
En ocasiones pareciera que volvemos a nuestra época de estudiantes, cuando, en la sala de lectura, la bibliotecaria nos amonestaba por hacer ruido desde una posición de potestas en lugar de auctoritas, y sin el menor respeto por el procedimiento que deberíamos seguir en «esta santa casa».
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